La sociedad de libertades políticas no monopolizadas

La soberanía constituye la cúspide del poder político, del gobierno, y en otras palabras, de quién detenta el poder en última instancia para decidir. Como es común nos encontramos con el concepto de soberanía nacional referido a que el poder emana del pueblo, esto es, a través de la estructura democrática del estado. La cuestión es que bajo las nobles palabras se esconden algunas conclusiones no tan ilusionantes como puede ser, y hasta fue bandera en el siglo XIX español, el hecho de que el parlamento o cortes sean las que legislen y haya un gobierno -recuérdese la batalla contra el poder de los reyes y su origen divino- sometido a las leyes, a las normas, que sean comunes a todo el aparato del estado. Sin embargo, es conocida, quizás menos de lo necesario, que todo gobierno y adláteres acogen a una oligarquía como expuso originalmente Robert Michels a principios del siglo pasado (1911) con la formulación, que después pasó a denominarse, “la ley de hierro de las oligarquías”.

Parece que no hay forma de librarse de las oligarquías e, incluso, hay experimentos etológicos con animales donde las aristocracias (como los machos alfa), su existencia, tienen un componente importante en el orden del grupo y en, aunque pueda parecer paradójico, la disminución de la violencia. Algunos de estos experimentos han sido nombrados en el Gen Egoísta (1976) del archiconocido Dawkins. Nótese la diferencia entre aristocracia, en su sentido original, gobierno de los mejores, con el de oligarquía, para Aristóteles, como la corrupción de la aristocracia. Si esto se puede extrapolar a las personas, quizás sean los estudios sobre la psicología de la autoridad los más dilucidadores en este aspecto. Cialdini (2006) ya supone entre los motivos para persuadir e influenciar el de la autoridad en sus famosos seis puntos. En su caso los títulos académicos, los méritos profesionales, las apariencias en medios públicos u ostentar riquezas y objetos de lujo inclinan al abuso de las falacias conocidas como ad verecundiam, o de autoridad. Se presupone inconscientemente de la mayor veracidad de los argumentos de las personas basados en la autoridad por este mero hecho, caso omiso al contenido.

La cuestión de fondo sobre todo es si la soberanía nacional es el óptimo en el que debemos movernos o, si bien, existen otro tipo de residencias para el poder político. Al caso, uno de los mejores, por lo menos más sugerentes y estimulantes, del anarquismo, es el intuicionismo moral de Michael Huemer y sus declarados problemas sobre la autoridad política (2013). Este autor se pregunta sobre por qué el estado sí puede robar (expropiar, exigir tributos o impuestos), matar (guerra), secuestrar (privar de la libertad y encarcelar) a ciudadanos pero los ciudadanos no pueden hacer lo mismo y si lo hacen es delito y hasta se les reprueba moralmente. Esto es echar abajo la igualdad ante la ley, dogma de los estados de derecho pero que, a su vez, son incapaces de llevar a cabo. Dejamos ahora las investigaciones de Huemer. Ahora pasamos al corolario de estas propuestas, que es el paso de la soberanía nacional a la soberanía individual.

Normalmente, su proclamación obedece a los llamados anarquistas individualistas, de mercado y a los anarcocapitalistas. Especialmente interesante la fundamentación de éstos últimos* sobre el desarrollo del principio de no agresión por el cual eres libre siempre y cuando haya ausencia de coacción, entendida ésta como la no agresión a la persona y su propiedad. Con este principio, autores como Murray N. Rothbard han desarrollado casi códigos civiles enteros como el de La Ética de la Libertad (1982) donde se explican las consecuencias de la teoría en todos, o casi todos, los casos sociológicos posibles para salvar las dudas de cómo resolver cualquier tipo de conflicto en una sociedad con esos principios. Antes bien, toda la explicación proviene de dos puntos, como prosigue, además, en Hacia una Nueva Libertad (1973), que son i) el económico; y ii) el ético. Caso paradójico en una filosofía política que desdeña la política. Así, pues, intentaré dar una respuesta política a este caso o, dicho de otra forma, traducir todos los postulados a la terminología política.

Para esta tarea que nos ocupa debemos, antes, diferenciar gobierno de estado. El primero toma decisiones y el segundo es el monopolio en un territorio de las mismas. Si en el territorio español yo me pudiera acoger a otra legislación que no fuera la española, por ejemplo, para un contrato de compraventa o un contrato de trabajo, no podríamos decir que el estado español fuera, realmente, un “estado”. En ese caso sería un gobierno solamente. En el supuesto de la soberanía individual, el individuo se auto-gobierna, y es el que toma decisiones sobre sí mismo y sus pertenencias. Con esto podemos ver que la política no ha sido abolida si no que depende del ángulo con el que observemos la teoría podemos explicarla sólo por la economía, como por la ética, como por la política como me ocupo ahora. El concepto de gobierno, además, se aplica a las asociaciones de individuos como una empresa, las cuales tienen su política, o una ONG, que también, sus decisiones, son política.

Por último nos cabe atisbar la relación entre las aristocracias u oligarquías con el supuesto de la sociedad de soberanía individual (o donde las libertades políticas no se encuentran prisioneras del monopolio estado). Ciertamente, las distinciones por riqueza, carisma, liderazgo natural, estima social, van a existir. No es difícil pensar que existirían élites igual que en cualquier otro régimen conocido en la historia. El objeto del análisis, primero, es que las élites no son perversas porque cumplen con una función social de capital importancia: la de servir de ejemplo -para la reproducción social, es decir, servir de guía a las personas- y mantener el orden. Si se mantuvieran en tales funciones se podrían llamar aristocracia en su acepción más positiva. Ahora bien, el riesgo de siempre tiene acuse de recibo cuando se usa el poder para empobrecer a los demás, destruir sus relaciones o, simplemente, coartar por la amenaza de la violencia, la vida de los demás. Con buenos ojos observamos que al no ser monopolios no están legitimados a poder extraer tanto como quieran de nuestras rentas por la vía de los impuestos -ya que no pueden virtualmente existir en este escenario que hemos dibujado-. Sin embargo, si pueden cartelizar grandes propiedades creando un marco cuasi-feudal.

El trato delicado a este punto es más controvertido aún de lo que parece. Tenemos que, cierta ampliación de los poderes públicos -para nosotros, del poder centralizado por una institución ampliamente aceptada- acomoda a los individuos a que compartan con mayor facilidad unas normas de convivencia y disminuyan las desviaciones anti-sociales. Pero en el otro lado de la balanza reposa el punto crítico donde la concentración de poder invita a condiciones de servidumbre y expolio. En este sentido, aquí hemos chocado con la piedra donde lo político sigue primando sobre cualquier otra consideración porque todo marco normativo se ha de sancionar socialmente, por lo menos, implícitamente, y cuando la tolerancia termina ¿la fuerza puede ser legítima? Desde el punto de formal de los teóricos del axioma de la no agresión, no. Pero desde posiciones del intuicionismo del mencionado Huemer, sí. También desde otro tipo de consideraciones. Sea como fuere, la política nunca desaparece y, hablando en plata, el poder coactivo no es más que otra de las herramientas que disponen los humanos para organizar la sociedad. La línea que separa la voluntariedad de la coacción, formalmente hablando, es objeto de continuo debate aunque puedo afirmar que ambos procedimientos siempre estarán presentes en la realidad, pese a las utopías que conjeturan con su fin.

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