Libre producción e intercambio y ecologismo

Este artículo servirá para esbozar cómo la libre producción e intercambio de bienes y servicios en un entorno de libertad; con la mínima injerencia de la autoridad estatal, podría ser la llave, mucho más decisiva, para entre otras cosas, encaminarnos a una sociedad menos consumista y más ecologista.

1) El consumismo es uno de los mantras usados contra la sociedad actual donde parece que la felicidad humana se monetiza y el valor del dinero ha sustituido el resto de los valores sociales que evolutivamente han ido reposando en las bases de la sociedad occidental, y española, en nuestro caso concreto. La virtud del ahorro ha sido sustituida por el vicio del endeudamiento compulsivo; la visión del largo plazo, templanza y buena gestión personal ha concedido protagonismo al carpe diem económico donde el gasto desaforado marca las diferencias sociales. Buena parte de la culpa de tales resultados provienen inequívocamente de las doctrinas económicas que dictan que el consumo es el motor de la economía y que, por tanto, se ha de incrementar el consumo para incrementar nuestro nivel de vida. Así, incluso afirmando en rotundo que el ahorro es un bien personal pero un mal social. El keynesianismo ofrece la respuesta teórica que realza el consumismo y consuma -perdonen por la redundancia- los valores indicados. El estado grande y fuerte, asistencial y regulador, sobreviene sobre la base de que el incremento del consumo masivo, más planes de estímulo público o bajada de los tipos de interés para que fluya el crédito, barato y asequible a todos indiscriminadamente, garantiza que el consumo aumente y la sociedad aumente su preferencia temporal (la valoración de los bienes futuros en función de los presentes), es decir, incremente su propensión al consumo inmediato en contra del futuro, o despreocupándose de éste.

2) Las respuestas a los evidentes y palmarios problemas medioambientales que, depende de las previsiones, producen y seguirán produciendo muchos problemas que engarzan desde la sacrosanta salud humana, hasta la biodiversidad, el equilibrio ambiental o la capacidad productiva de los suelos o de los mares; se han encaminado por i) Intentos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; ii) estímulo al uso de las energías renovables; iii) desincentivo vía fiscal y regulatorio de las energías tradicionales, fósiles o nucleares; iv) regulaciones sobre aparatos y automóviles. No obstante, las contradicciones así como, en cierto modo, cuestiones susceptibles de ser tachadas de cierta hipocresía sobrevuelan muchas de las medidas. Encontramos: i) impuestos a energías o aparatos contaminantes al mismo tiempo que dificultades fiscales al auto-abastecimiento y a soluciones empresariales de productos innovadores en energía, automoción, electrodomésticos, etc.; ii) continuismo con la doctrina del estímulo al gasto y el crédito barato, incluso forzando la legalidad; iii) modelos energéticos ineficientes que provocan hasta mayor consumo que antes de las energías tradicionales; iv) problemas sociales provocados por el cambio cultural y de valores: del ahorro al consumo, ahora la dependencia a muchos planes de estímulo por parte de familias y empresas.

Después de estas percepciones sobre lo que hay, se produce y se está haciendo convengo en algunas otras percepciones que ahondan en el libre mercado genuino en la búsqueda de soluciones más inclusivas y eficaces a los problemas presentados.

1) La evolución tecnológica está consiguiendo lo impensable: hacer rentable producir, cada uno, su propia energía. Sin embargo, el entorno hostil a la libertad económica y personal está obstaculizando que la iniciativa empresarial consiga alternativas competitivas a las grandes empresas oligopolísticas de la energía al tiempo que graduaría el resultado hacia los valores ecológicos y de autonomía personal. La propiedad privada de la vivienda como de la renta está seriamente violada en los regímenes de los estados sociales y democráticos de derecho actuales. Como prueba, puede introducirse Hacienda en las casas de la gente y gravar sus placas solares u otros medios así como protegen la industria que les conviene, también por el incremento de gasto que comporta esta industria y por el ahorro, alternativamente, que acarrea estos nuevos métodos.

2) Los sistemas decimonónicos de patentes, protegidas por el estado, están dificultando más que facilitando la libre innovación hacia productos de menor consumo y mayor eficiencia y menor costo en pos de la protección de la vieja industria. A pesar de todo, ciertamente, algunas normativas están causando una evolución positiva, así como la creciente preocupación de la gente por el consumo de combustible o de electricidad cada vez más caros. Sin embargo, las soluciones son más que parches que, mientras protegen por una parte a los lobbies correspondientes, por otra, les “aconsejan portarse bien”. La libre competencia abriría la brecha de los ineficientes con los eficientes. El empuje de la necesidad de reducción de costos impele a rebajar los consumos energéticos o innovar en este sentido. Limita, pues, el sistema actual, en la investigación privada en este aspecto.

3) Los estados de Bienestar que sobrepasan los límites de cubrir subsidiariamente, como se ha entendido tradicionalmente, las necesidades básicas de la población, y realizan actos tales como la concesión de derechos a costa de otros con muy cuestionable moralidad, promueven como quiere la doctrina económica dominante el consumo indiscriminado. Su contraparte implica que si a uno le pagan todo porque es financiado por la fuerza de impuestos i) ese dinero si no se usara para los fines asignados se podría ahorrar y no consumir; ii) si a alguien ipso facto le dan algo, obviamente no tendrá que planificar el ahorro para conseguirlo y de hecho también reflexionará menos sobre si de verdad quiere o no este producto o prestación.

4) La tragedia de los comunes es una habitual en la literatura económica. Supone que los bienes no apropiados, apodícticamente, será sobre-utilizados, de forma depredadora por los consumidores. Las razones son que nadie tendría incentivos para invertir en la conservación de nada si los demás pueden arrasarlo. Pongamos por ejemplo, si una tierra comunal es deseada por muchos ganaderos al mismo tiempo, podrían desertificarla si todos pueden -y tienen derecho- a usarla cuando deseen. Nadie la conservaría porque el tiempo y el dinero en ello saldría en beneficio no de él, sino de los demás que parasitan. La solución en estos casos más acorde a las necesidades es la apropiación y el uso a largo plazo, consecuente, de uno o varios propietarios sobre el terreno, así como tendrían la posibilidad de alquilarlo al servicio de otros, los cuales, con el alquiler pagarían también el mantenimiento del suelo. Igualmente sucede con bosques o con zonas marítimas muy transitadas. Se puede aplicar a algunos servicios públicos son similares efectos.

5) El miedo a la acumulación del capital vía ahorro, inversiones productivas, proporciona terreno libre al consumismo y despilfarro de los recursos que han de emplearse en el presente, sin posibilidad de aguardarse en el futuro para cuando sean más útiles. Las familias y empresas ven complicados sus ahorros cuando el incentivos por los bajos tipos de interés, propaganda estatal y sistemas asistenciales por encima de toda lógica declinan la balanza hacia el gasto y deuda. Más aun, las políticas inflacionistas restan valor a los ahorros en el largo plazo y lo hacen menos atractivo. Como colofón, la mayoría de los ciudadanos carece de educación financiera, es decir, de cómo invertir, en qué y cuándo, sus ahorros. Se extiende la idea que eso solo es de ricos y la gente común pierde una oportunidad de oro -nunca mejor dicho- a la hora de conseguir su autonomía personal económica que delega en los políticos de turno que persiguen objetivos a corto plazo.

6) Los problemas de información son acuciantes en todo el proceso social y económico. Para que los agentes del estado den cuenta de una solución deben recoger información, percatarse de un problema, y luego elaborar las soluciones que, al mismo tiempo, se enfrentan a consideraciones políticas -sobre la opinión pública, sobre los apoyos en el poder, etc.- para finalmente emitir una respuesta que, con seguridad será a destiempo. Sino, en cualquier caso, es imposible que una agencia centralizada de cuentas de todos los problemas conforme se dan generando y actúe adecuadamente como ser omnipotente en todos los lugares repartiendo la receta correcta. El proceso de mercado con la libre concurrencia de oferentes y demandantes converge, no en sus directrices racionales, que no lo es, ningún proceso social humano lo es, sino en el aprendizaje social por prueba y error: someter al público iniciativas que todas las personas pueden valorar tanto en el sentido empresarial con la compra o no como en el sentido social -opinión favorable, donación o colaboración-. La autoridad estatal carece de esta virtud en su funcionamiento pues sus iniciativas no pueden ser aprobadas ni reprobadas por los ciudadanos en su trascurso y vigencia; y solo son cancelables cuando yerran tras otro largo proceso político que en la mayoría de los casos ni se produce, sino se parchean los fallos de aquella manera.

La conclusión a priori es que el sistema se contradice: quiere unas cosas, tiene unos valores en mente, pero el mismo sistema que ha preparado para ello le birla la posibilidad total de conseguirlos. Muchos partidos ecologistas, además, caen en defender atrozmente los valores ecologistas que los fundan al mismo tiempo que el consumo masivo de recursos en planes de estímulo, crediticios o promoción de planes públicos y sostenimiento de monopolios industriales como en el sector de la energía. La democratización de las industrias no es más que su nacionalización y, por tanto, conversión a un monopolio total, que como sugiere la evidencia producen bienes y servicios en menor cantidad y peor calidad. El resto se mueve en la lógica del consumo, con más y más parches así como problemas crecientes.

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